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Chantajistas

27/08/2011

Bajo el techo agujereado del Congreso de los Diputados, los representantes de los dos partidos más votados en las últimas elecciones generales -allá por 2008- han negociado los términos, expresiones y giros que forman el futuro artículo 135 de la Constitución Española. “Allá” y “futuro” son también términos, expresiones y giros que nosotros hemos elegido cautelosamente.

Primero, entremos en “futuro artículo”. Es absurdo plantear la hipótesis del rechazo: algo menos del 83,81% de los culos de buen asiento del Congreso apoyan esta medida -el pico que falta dentro de este porcentaje tiene nombre y apellidos: Antonio Gutiérrez. Se ha asomado un poco fuera del muro y la lluvia le ha calado-.

PP y PSOE ocupan más de cuatro quintos del Hemiciclo. Si se guiñan los ojos, se confunden sus colores. Si se guiñan un poco más, parecen ser dos únicos entes. Con los ojos abiertos, uno advierte que esa confusión aparente tiene su fundamento en una confusión real de ideales y de diferencias que no lo son, de debates que se esquivan y cuyos oponentes se parecen más de lo que exigiría un duelo típico. En otras palabras: pedir listas abiertas para elegir a los candidatos es, ahora mismo -repito: ahora mismo-, pedirle al cielo que no esté ahí. Se escoja a quien se escoja, lo que en España se elige es una sigla. Por tanto, los políticos actúan en consecuencia, como monigotes sin nombre ni apellidos. Siguiendo este razonamiento, no podemos culparles tampoco de dejarse llevar por la corriente: son monigotes sin nombre ni apellidos.

En fin: por número de diputados y por filosofía política, el artículo 135 es un hecho.

Hablábamos también del lejano 2008: “allá por…”. Las elecciones generales llevan celebrándose cada cuatro años -salvo periodos excepcionales no mucho más cortos- como uno de los cambios fundamentales de la Transición española. La comparación con la dictadura fue, en su momento, ventajosa y pertinente. Pertinente en los dos extremos ideológicos: por un lado, era necesario que el pueblo, tras casi cuarenta años -baste la idea de tirarse pagando nuestra hipoteca actual de principio a fin bajo una dictadura- eligiera por sí solo. Por otro lado, estaba claro que, a pesar del progresivo deterioro del régimen, quienes tenían el poder eran franquistas. Y no iban a permitir un cambio que les atragantara el almuerzo. Así que surgió una democracia que, bajo las viejas lentes de la dictadura, carecía de rayaduras y máculas: era un nuevo camino, parecía un nuevo sistema. Una nueva España. Fue un cambio de muchísimo mérito: de todas las opciones posibles, la coyuntura sólo hacía viable una, y esa fue la que se escogió. A España le tocó la lotería. Faltaban pocos años para que acabara la década de los 70.

Hoy, en 2011, debemos pensar críticamente. Es un deber político. Un deber para con nuestro país. Quizás una de las razones del inmovilismo es que el nacionalismo español ha estado monopolizado por el nacionalismo franquista. No caben en esta España de hoy ni Unamuno, ni Machado. No cabe Ortega. El español, por regla no escrita, debe escoger entre dos banderas, entre dos pensares, entre dos países. Nuestro deber político es acabar con esta diferencia. Y para liquidarla, es necesario pensar en un nuevo nacionalismo, un enfoque que busque el bien de todos los españoles. La metáfora del caserón abandonado es efectiva: lleno de suciedad por todas partes, con cañerías obsoletas y muros agrietados. España necesita un ingeniero. Un diagnóstico. Una nueva mirada.

En 2011, la coyuntura ha abierto muchos otros caminos. Se puede elegir. No hay razón para no hacerlo.

El inmovilismo nos ha llevado a un país sin identidad y dividido, sin control ciudadano. El último paso de este deterioro es el traspaso de nuestra identidad -en un fenómeno que sufren otros países- en manos de los mercados. Debemos reconocer que estos nuevos tiempos erosionan la propia base de los nacionalismos: en todas partes se comen hamburguesas de McDonald’s, en todas partes la gente vive entre muebles de IKEA, en todas partes la gente se conecta a Facebook. Es un mundo nuevo, globalizado: por parte de los ciudadanos, el único peso de la balanza es Internet. La red permite el movimiento transnacional, la organización de protestas en todo el mundo bajo una misma indignación -problemas comunes a personas que viven bajo condiciones parecidas generan indignaciones comunes-. En este escenario, sin embargo, no se pueden negar las diferencias, las propias identidades. No hay que confundir la cultura de consumo con el pensamiento. Ni las hamburguesas ni los muebles hacen que dos personas piensen igual. Lo hace el inmovilismo.

Y las condiciones de nuestro sistema de elecciones hacen natural el inmovilismo. Los españoles que votan en cualquier elección tienen la feliz responsabilidad de meter un papel en una urna cada cuatro años; para calmar esa espera hay elecciones de diversa índole: municipales, autonómicas, generales o europeas. Unas elecciones -obviando la campaña publicitaria y mediática, cada vez más clamorosa y falta de sustancia- se desarrollan de la siguiente manera: los partidos políticos redactan programas electorales. Un programa electoral consiste en un conjunto de medidas económicas, políticas, sociales, medioambientales, diplomáticas, sanitarias, alimentarias, bélicas, urbanísticas, infraestructurales y lúdicas que se resumen en dos tipos: las que se cumplen y las que no se cumplen. Su índice de lectura por parte de los ciudadanos comparte niveles con el del Boletín Oficial del Estado. Algunos ciudadanos votan, otros no votan. Un partido vence. Durante cuatro años -salvo adelanto electoral-, gobernará el país, con mayoría simple o con mayoría absoluta, en función de qué proporción de los ciudadanos que hayan votado hayan elegido a ese partido.

Bien: en un sistema político sano, en el que las diferencias ideológicas son palpables, en el que los políticos actúan no sobre su cargo sino bajo ciertos derechos y deberes asegurados por ley, en el que la Constitución prima en cualquier circunstancia, en el que los ciudadanos votan con honestidad y conocimiento de causa, los votantes pueden y deben confiar en la profesionalidad de los políticos. Ellos toman por nosotros las decisiones. En resumen, un sistema político ideal se podría resumir en la siguiente frase: “Yo voto a esta persona porque sé que va a hacer las cosas como yo las haría”. 

Las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 desarrollarán el siguiente epigrama: “Yo voto a estas siglas porque no espero que hagan las cosas como yo las haría, ni siquiera espero que hagan las cosas con sentido común, ni siquiera espero que hagan las cosas, o algunas cosas, o algo, pero a alguien hay que votar y hago esta elección por costumbre, desinterés, manía o por seguir la corriente”.

No podemos esperar que los partidos políticos, en las condiciones en que la política se desarrolla en nuestro país, actúen como nosotros queremos. No podemos hacer nada durante cuatro años. De hecho, en un fenómeno de doble dirección, ni muchas de las promesas se cumplen, ni muchos de los sucesos que tienen lugar durante estos cuatro años podían predecirse y, por ello, mucho menos prometerse.

De hecho, la crisis nos ha permitido ver que nosotros, como ciudadanos, no somos los únicos que votan. De hecho, no somos los principales votantes. De hecho, nuestros votos se basan en elecciones de minorías, en palabras y hechos difundidos por los medios de comunicación, en discursos preparados, en encuentros calculados. La masa votante no sabe lo que ocurre detrás de las cámaras y de los micrófonos. No sabe lo que realmente ocurre. Nuestro voto elige realidades ficticias. Normal que luego estemos desorientados. Que estemos indignados.

Las agencias de calificación -Fitch, Standard&Poors y Moody’s– no son chantajistas por naturaleza. Lo son por la posición preeminente que les otorga el sistema económico. Lo son por la cobardía de los políticos -que, pensémoslo bien, por un lado no son tan cobardes: ¿cuánto poder real tienen siquiera los políticos en este orden de cosas?; y por otro lado sí lo son: ese poder que han perdido se lo otorga la socialdemocracia: permite el control de los desmanes financieros, y seguro que habría evitado que quienes provocaron la crisis estén ocupando ahora cargos similares o incluso mejores, mientras el dinero de todos paga sus errores-. Lo son porque es más espectacular ver a un hombre robando en una casa que saber que un hombre le ha robado el dinero a un millón de familias como daño colateral de sus negocios. Otra coyuntura, otra opción, otro pensamiento, habría evitado que, por las amenazas de estas agencias, se cambiara la Constitución, el texto donde se recoge la identidad de un pueblo. No lo olvidemos.

No lo olvidemos porque se ha venido olvidando desde hace bastantes años. La Constitución, para algunas cosas, es obligatoria. Para otras, no merece la pena. Los políticos son los principales responsables de esta situación. ¿Hemos de culparles? Ya hemos dicho que, por su filosofía de trabajo, no debemos. Son monigotes sin nombre ni apellidos. Son niños pequeños. El establecimiento del límite del déficit en un artículo de la Constitución viene a decirle a los políticos: “Si no os ponemos límites, vais a seguir haciendo lo que os salga de las narices”. Los propios políticos, con esta medida -vendida como eficaz tranquilizador de la desconfianza financiera- reconocen su propia incapacidad para ejercer de forma responsable su oficio.

¿Se merece también nuestro país una ciudadanía irresponsable? No.

De ser así, España no nos merece.

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From → Reflexión

2 comentarios
  1. gran presentacion, elaboracion y estructuracion de un escrito de protesta, hay que secundar las labores de profusion

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  1. Chantajistas

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